Opinión

El Gobierno estatal pierde el control de Sonora

Por: Mario Campa 

Mario Campa

El Gobierno Estatal está perdiendo el control social y económico de Sonora con medidas más mediáticas que eficaces. En medio de la peor crisis de inseguridad que ha vivido el Estado frente al resto del país (resumido en el Informe 2019 del CCSP) y de una economía sonorense que creció en 2019 debajo de la media nacional por tercer año consecutivo, la gobernadora está politizando la emergencia sanitaria a costa de la población.


 A lo largo de los últimos días hemos podido observar señales de posicionamiento mediático de una agenda electorera: Enrique Claussen (contador y político, no médico) al frente de ramplones retenes nocturnos en Hermosillo; decretos que violan la Constitución en tiempos de necesaria unidad con la Federación, y mensajes grabados que parecen aventar aspirinas para un mal, agravado por un remedio milagroso, que requerirá eventualmente cirugía.  La precipitación de fases operativas tendrá un costo prohibitivo, principalmente entre grupos sociales desaventajados que carecen de acceso al crédito formal y a la banca de desarrollo.

    El Gobierno Estatal ha ido planteando un falso dilema en la opinión pública: antes que la economía está la salud. Esta visión miope tiene severos problemas. El cierre de establecimientos no solo plantea una caída abrupta del PIB estatal que dejará de nuevo a la economía sonorense mal parada frente al resto del país; los problemas asociados a las medidas draconianas también se extienden al ámbito social: 1) Sonora queda expuesta a problemas de salud mental por confinamiento prolongado, 2) el miedo y la ansiedad pueden bajar las defensas de la población, 3) es probable que haya menor bienestar y salud por falta de ejercicio y 4) habrá menor acceso a servicios médicos y a alimentos saludables si la caída de ingresos se extiende.

Para quien no vive al día, estos fenómenos son inconcebibles. 
Resulta alarmante y sugerente que las medidas hayan olvidado destinar gasto adicional a salud pública, que es a donde deberían ser canalizados actualmente los recursos estatales. Así como el Gobierno de Chihuahua se apretó el cinturón bajando los sueldos de sus altos funcionarios en un 50 por ciento, o así como el Congreso de la Ciudad de México donó 400 mdp a 30 hospitales públicos, el Gobierno Estatal y el Congreso de Sonora deberían transferir recursos extemporáneos a los hospitales generales de la Secretaría de Salud—o incluso al Isssteson, cuya deuda continúa en espiral ascendente. 


La Administración Pública tendrá subejercicios de cualquier forma, habiéndose cancelado viajes y viáticos para el resto del año y decretándose un receso del periodo ordinario de sesiones del cuarto Congreso más caro del país. El gasto en publicidad oficial y materiales como asesorías se ha vuelto innecesario y prescindible. 


El errático gabinete de Claudia Pavlovich pudo haber escuchado a la OMS y al Gobierno Federal y haber implementado un plan por Fases. Pudo haber desarrollado toda una pedagogía para ir preparando a la población en cuidados higiénicos. Pudo haber hecho una reingeniería del presupuesto estatal para aumentar enérgicamente los recursos de la salud pública en Sonora, como han hecho los gobiernos de Morelos, Guanajuato o Hidalgo, por mencionar algunos ejemplos. 

Impuso en cambio medidas que, si bien podrán ser aceptadas por cierto público que puede darse el lujo de trabajar a distancia o cerrar temporalmente su establecimiento comercial empleando ahorros o ingresos complementarios, tendrán repercusiones severas en el empleo de miles de sonorenses que de cualquier forma tendrán que acatar la Fase 2 y Fase 3 del Gobierno Federal, alargándose su estrago económico y social. Para quien vive al día y tiene que alimentar a sus dependientes, parar es un lujo inconcebible.

Si la gobernadora hunde a la economía sonorense por un impulso unilateral y un cálculo político, cuidado con que la cifra de inseguridad en la entidad escale. Entonces sí tendremos que enclaustrarnos por miedo de salir a las calles.

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