Opinión

Contra la Segunda Vuelta en Sonora

Por: Mario Campa 

Mario Campa

Circula en los atribulados pasillos del Congreso de Sonora una iniciativa perversa que quiere imponer a las prisas y por conveniencia la segunda vuelta en las próximas elecciones de alcaldes/as y gobernador/a. A resumidas cuentas, lo que busca en el papel es lograr una mayoría absoluta (50% de los votos más uno) que “promueva las alianzas y coaliciones de gobierno”. Parecería en principio una propuesta atractiva, hasta que escarbamos un poco.

La experimentación y el cálculo electoral son costosos en política y esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN Sonora es un claro cálculo político-electoral que busca darle al partido el papel de fiel de la balanza en caso de que Morena o el PRI no logren rebasar el 50 por ciento de la votación. De aprobarse sin consenso alguno, no solo aumentaría los riesgos operativos del IEE y encarecería nuestra democracia, sino que polarizaría al electorado que percibe a la política como una serie de arreglos cupulares tras bambalinas. Es difícil encontrar un peor balazo en el pie.

Para el PAN, aún estigmatizado por lo que algunos llaman la cleptocracia padrecista, los incentivos son claros: situándose actualmente en tercer lugar en diversas encuestas locales, el partido parece apostar sus fichas a una alianza con el segundo lugar para así obtener como botín un rol activo en el siguiente gobierno estatal (y en algunos ayuntamientos) que parece inalcanzable bajo el mecanismo de mayoría simple. Por supuesto, el cálculo electoral podría dinamitar al partido en Sonora si el elector juzga su rol como mero satélite del PRI, alentando de paso el alza de Movimiento Ciudadano.

Haciendo a un lado el corte electorero de la iniciativa, los problemas operativos son múltiples. Por un lado, el costo de la segunda vuelta es significativo no solo porque las papeletas en México son las más costosas del mundo, mismas que tendrían que ser adquiridas con meses de anticipación, sino porque el IEE tendría que desarrollar a marchas aceleradas nuevos sistemas computacionales, además de tener que diseñar a la carrera materiales pedagógicos tanto para los funcionarios de casilla como para el resto de la población, misma que estaría expuesta a una segunda vuelta por primera vez sin previo aviso y experiencia exitosa en México.

Por otro lado, la iniciativa subestima el caso fallido en San Luis Potosí de 1996 a 2005. En una columna publicada por el periódico El Universal el 18 de agosto de 2000, el diputado panista Alejandro Zapata Perogordo hizo una elocuente defensa contra la segunda vuelta, destacando problemas de legitimidad, gobernabilidad, e incluso conflictos postelectorales, además de que en sus palabras [las segundas vueltas] “generan… el abstencionismo por tanto tiempo de campañas”, agregando que “propicia una campaña negra, clandestina”.

Este último punto es toral. Si el supuesto espíritu de la iniciativa descansa en la búsqueda de un mayor involucramiento de la ciudadanía y la construcción de mayor legitimidad, parecería contraproducente e irónico que la participación caiga significativamente y que además los ánimos se crispen. El caso de San Luis Potosí lo confirma tajantemente.

Finalmente, la crítica más delicada a la iniciativa es la falta de consenso y la aparente dedicatoria con la que va dirigida. Dañaría gravemente la legitimidad del sistema democrático que un alto porcentaje de los sonorenses perciba el cambio político-electoral como un intento al vapor de minar su intención de voto a un año de los comicios. Ante un escenario donde alguna fuerza política en el Estado presente una inconformidad, el proceso resultaría a priori dañado, poniendo incluso en tela de juicio la legitimidad y reputación del IEE.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, la iniciativa debe ser rechazada por los Grupos Parlamentarios—incluyendo el PRI, que tendría que justificar mayor presupuesto para gasto corriente cuando simultáneamente el gobierno del Estado recurre al endeudamiento.

Dilatar una eventual implementación a partir del proceso electoral 2024, buscando alcanzar mayor consenso partidista, podría funcionar como escenario alternativo. (Además, demostraría que el PAN no está operando con un acicate electorero.) Pero bajo el planteamiento actual y el vendaval de críticas, esta iniciativa solo propiciaría un oneroso caldo de cultivo de encono social.

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